El colapso económico sufrido por la Argentina en el 2002 representó la más profunda crisis política y económica vivida por el país en generaciones. Pocos países han experimentado una catástrofe económica de esta envergadura. Durante el período de cuatro años que va de 1999 a 2002, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó en más de 20%. El costo humano de este deterioro de la actividad económica ha sido enorme. La tasa de pobreza urbana se disparó a 57,5% en octubre de 2002, mientras que la desigualdad del ingreso, que iba en constante aumento, también sufrió un abrupto ascenso luego de la crisis. La economía argentina comenzó a recuperarse con fuerza en el 2003. Esta recuperación, desencadenada en principio por un aumento de las exportaciones así como por una expansión gradual del gasto en consumo, ha tenido un efecto positivo en los estándares de vida de la población. No obstante, los avances económicos y sociales fueron desde un punto de partida demasiado bajo, por lo que grandes segmentos de la población siguen enfrentando inmensas dificultades.
Mantener la actual recuperación económica y asegurar que ésta beneficie a los más pobres es un asunto de alta prioridad para el gobierno argentino. En efecto, una de las tareas más difíciles que hoy enfrenta el país es poner en práctica las políticas necesarias para apoyar la recuperación económica, fomentar la creación de empleos y mejorar las condiciones de vida de la población.
